Abogado de delitos contra la administración pública en Bilbao

No. Hace falta que la resolución sea arbitraria, una ilegalidad grosera que no se pueda explicar con ninguna interpretación razonable del Derecho, y además dictada a sabiendas de que era injusta. El simple error, o una ilegalidad que un tribunal pueda corregir, no bastan.

En su forma básica, no: la pena es de inhabilitación de nueve a quince años, sin prisión. Pero rara vez viene sola, y suele concurrir con cohecho o malversación, que sí llevan cárcel. Y la inhabilitación, por sí sola, ya termina con una carrera pública.

Puede serlo, aunque no esté ligado a una decisión concreta. Hay cohecho cuando se ofrece o acepta una dádiva o un favor vinculado al cargo o a la función pública. Pero no cualquier regalo es delito: quedan fuera, en principio, las atenciones de cortesía socialmente normales y sin entidad suficiente para influir en quien las recibe. La clave está en el contexto, el valor del regalo y la relación que tenga con el cargo.

En el cohecho hay dinero o dádiva de por medio. En el tráfico de influencias no: lo que se usa es el prevalimiento, aprovechar una relación o un cargo para condicionar una decisión ajena, sin necesidad de pagar nada.

Usar durante un tiempo bienes públicos para un fin privado, sin intención de quedárselos (el coche oficial, medios del servicio). Tiene penas bastante menores que apropiarse del dinero, sobre todo si los bienes se reintegran a tiempo. Distinguir bien de qué modalidad se trata cambia mucho el caso.

Lo primero, no declarar sin tener la defensa preparada, y cuidar cómo se comunica el asunto. Una imputación no es una condena, y en estos casos la estrategia, también la reputacional, se decide muy pronto. Lo urgente es preparar bien tu declaración como investigado; lo demás viene después.

Sí. Si te has visto perjudicado, puedes ejercer la acusación particular; y en asuntos de interés público cabe la acusación popular, una vía abierta incluso a asociaciones y plataformas ciudadanas. Antes de mover nada, conviene ver si hay recorrido penal de verdad.

Depende de la pena máxima de cada figura: a los diez años en el cohecho por un acto propio del cargo, la malversación básica o el fraude a la administración, y a los quince en la prevaricación, el cohecho por un acto contrario a los deberes del cargo y la malversación agravada, porque llevan inhabilitación superior a diez años. No es un cálculo automático, así que conviene revisarlo con la causa concreta delante antes de darlo por prescrito.

La acción popular no exige haber sido víctima, pero sí prestar una fianza que fija el juez y asumir tus propias costas. En asuntos de interés público, a veces la impulsan varias personas o una asociación para repartir ese coste. Te digo por adelantado y sin sorpresas qué implica en tu caso.

Depende del tipo de archivo y del plazo. Un auto de sobreseimiento puede recurrirse por las vías previstas. Si el sobreseimiento es provisional, la causa puede reabrirse si aparecen nuevos elementos y el delito no ha prescrito. Lo primero es revisar el auto y la fecha en que se notificó.

Puede existir una protección legal específica para quien informa de corrupción desde dentro, pensada para protegerte frente a represalias. Cómo y ante quién des el paso importa mucho para que esa protección se aplique.